En una decisión de años en desarrollo, la Comisión Antimonopolio de la Unión Europea ha impuesto una multa de € 4.340 millones (US $ 5.000 millones) a Google por prácticas ilegales que se considera que infringen las normas antimonopolio de la UE. La multa se refiere a lo que la UE ve como el uso de Google de su sistema operativo Android para restringir la competencia.
La Comisión abrió su investigación formal sobre las prácticas comerciales de Android de Google hace más de tres años después de dos quejas y una investigación inicial . Las acusaciones eran que el gigante de la red habia abusó de su posición dominante en el mercado y obstaculizó el desarrollo de rivales en el mercado al exigir a los fabricantes de teléfonos inteligentes y tabletas que utilizan su sistema operativo Android que preinstalen exclusivamente varias de las aplicaciones o servicios propios de Google.
Los detalles del porque de la multa a Google
Una investigación separada de la UE por parte de la Comisión culminó en 2017 con una multa de € 2.420 millones (US $ 2.700 millones) que alegaba que Google infringió las normas antimonopolio promoviendo su propio servicio de comparación de compras en sus resultados de búsqueda. Ese veredicto aún se está moviendo a través de un proceso de apelación.
Esta última decisión, y muy bien, aborda un lado completamente diferente de las prácticas comerciales de Google, su estrategia de Android. La Comisión descubrió que la empresa se involucró en tres prácticas separadas que se consideraron violatorias de las normas antimonopolio.
En primer lugar, se alega que la compañía ha vinculado ilegalmente sus aplicaciones de búsqueda y navegador a todos los dispositivos Android y que parte de las condiciones de licencia de Android exigían que los fabricantes preinstalaran ciertas aplicaciones.
La segunda práctica ilegal alegada por la Comisión es que Google ofreció incentivos financieros a los principales fabricantes de dispositivos para garantizar que la Búsqueda de Google estuviera preinstalada exclusivamente en dispositivos Android. La respuesta de Google a este punto fue que estas prácticas (supuestamente ocurridas en 2011 y 2014) eran necesarias en ese momento para convencer a los fabricantes de usar el ecosistema de Android.
La práctica final que la Comisión sugirió que Google estaba obstruyendo el desarrollo de los sistemas operativos Android de la competencia. Se afirmó que Google no permitiría que ninguna de sus aplicaciones propietarias estuviera preinstalada en dispositivos que utilizaban iteraciones alternativas de Android.
Esto significó que el desarrollo de versiones rivales de Android fue sofocado, con la Comisión apuntando a una iteración de Android desarrollada por Amazon, llamada «Fire OS», como un ejemplo de esto. Google argumentó que estas restricciones eran vitales para evitar que el ecosistema de Android se «fragmentara» y se viera plagado de fallas técnicas, pero la Comisión afirmó que la compañía no proporcionó ninguna evidencia creíble para validar este argumento.
Respuesta de Google
Hasta ahora, Google ha respondido argumentando que las aplicaciones como Google Play garantizan que los teléfonos funcionan «de fábrica» y, como Google ofrece Android a los fabricantes de teléfonos sin costo alguno, no es irrazonable incluir aplicaciones que generen ingresos para la empresa.
En una respuesta general al veredicto masivo de la UE, el CEO de Google, Sundar Pichai, ha sugerido que todas las decisiones de la compañía con respecto a las operaciones de Android han sido con el objetivo de crear más opciones, y no menos. Pichai argumenta que algunas reglas han sido absolutamente necesarias para asegurarse de que el sistema operativo mantenga su funcionalidad general.
«Para tener éxito, las plataformas de código abierto deben equilibrar concienzudamente las necesidades de todos los que las utilizan», escribe Pichai . «La historia muestra que sin reglas sobre la compatibilidad básica, las plataformas de código abierto se fragmentan, lo que perjudica a los usuarios, desarrolladores y fabricantes de teléfonos. Las reglas de compatibilidad de Android evitan esto y ayudan a que sea una propuesta atractiva a largo plazo para todos».
¿Qué pasa ahora?
Según el protocolo de la UE, la compañia tiene 90 días para «poner fin a su conducta ilegal de manera efectiva». Si no se cumple dentro de ese período de tiempo, se pueden imponer multas adicionales equivalentes a hasta el cinco por ciento de la facturación mundial diaria de Alphabet, la empresa matriz de Google. Además de apelar la multa, Google sugiere que tendrá que reconsiderar su modelo comercial de Android, que hasta ahora ha sido entregado a los fabricantes de teléfonos sin costo alguno.
Cómo todavía se verá todo esto a largo plazo. Sin duda, unos pocos miles de millones de dólares no paralizarán a un gigante como éste, pero resaltan la creciente preocupación de la Unión Europea por las grandes compañías tecnológicas que dominan nuestro mundo cada vez más interconectado.
